24 de marzo 1976-2010: A 34 años del golpe militarAyer: Un golpe a los trabajadores
El 24 de marzo se cumplen 34 años del último, y más feroz, golpe militar que sufrimos los trabajadores y que buscaba imponer a sangre y fuego el proyecto monstruoso del neoliberalismo y liquidar el alza revolucionaria del movimiento obrero y popular iniciado a fines de los 60, que teniendo la lucha y la movilización como método, había conseguido los mejores convenios colectivos de la historia sindical y la participación más alta en el reparto de la riqueza por parte de los trabajadores.
Si bien la llamada "represión ilegal" a los referentes obreros, populares y estudiantiles había comenzado en 1973 durante el gobierno constitucional de Perón con la Triple A, fue en marzo de 1976 que los terratenientes y el empresariado, con el asesoramiento del Departamento de Estado de EEUU dieron el visto bueno al Ejercito Argentino para instaurar una dictadura que dejaría el saldo de 30.000 detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos entre los que se encontraban obreros, estudiantes secundarios, universitarios, periodistas, abogados, científicos, docentes, trabajadores estatales, militantes políticos, amas de casas, actores, etc.
Mediante la aniquilación de la resistencia popular y con la imposición del terrorismo de Estado los militares establecieron un nuevo esquema económico basado en el endeudamiento, la concentración de la riqueza, la extranjerización, la desigualdad, el desempleo, la precariedad, bajos salarios y sumisión al imperialismo que aumentaría en forma astronómica las ganancias del empresariado, y cuyas consecuencias padecemos hoy día.
Hoy: Limitaciones en la lucha contra la impunidad
En la actualidad, gracias a la presión popular de miles de militantes durante años se han logrado avances importantes en la lucha por la memoria, como fue la anulación de las leyes de la impunidad que derivaron en las condenas de reconocidos genocidas como Luciano Benjamín Menéndez, Christian Von Wernich, Cristino Nicolaides y la del tucumano Antonio Bussi; entre otros avances significativos, como el cierre de la ESMA, la investigación de los asesinatos cometidos por la AAA o el juicio contra el primer cuerpo del ejército.
Saludamos estos avances y los consideramos importantes pero insuficientes ya que no garantizan el juicio y castigo a todos los responsables militares y civiles del genocidio de la última dictadura, tampoco aseguran la depuración de cientos de policías, militares, funcionarios y jueces que actuaron durante la misma y hoy permanecen en sus funciones o caminando libremente entre nosotros, y fundamentalmente no garantizan la cárcel común, perpetua y efectiva de los condenados.
A su vez el secuestro de Julio López, en septiembre de 2006 y cuyo paradero aún se desconoce, ha dejado al descubierto cómo los grupos represivos que actuaron en la última dictadura siguen moviéndose impunemente enquistados en el aparato estatal.
Las limitaciones para depurar el aparato represivo y castigar a todos los responsables de la dictadura no son más que las limitaciones propias del Estado burgués que tiene como finalidad perpetuar la desigualdad, la represión y la impunidad en beneficio de los empresarios, terratenientes y banqueros.
Por eso, sólo vinculando la lucha por los Derechos Humanos a la lucha por la transformación de la sociedad, basada en un programa socialista, podremos terminar con el Estado de la burguesía, sus dictaduras y su impunidad.
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
El 24 de marzo se cumplen 34 años del último, y más feroz, golpe militar que sufrimos los trabajadores y que buscaba imponer a sangre y fuego el proyecto monstruoso del neoliberalismo y liquidar el alza revolucionaria del movimiento obrero y popular iniciado a fines de los 60, que teniendo la lucha y la movilización como método, había conseguido los mejores convenios colectivos de la historia sindical y la participación más alta en el reparto de la riqueza por parte de los trabajadores.
Si bien la llamada "represión ilegal" a los referentes obreros, populares y estudiantiles había comenzado en 1973 durante el gobierno constitucional de Perón con la Triple A, fue en marzo de 1976 que los terratenientes y el empresariado, con el asesoramiento del Departamento de Estado de EEUU dieron el visto bueno al Ejercito Argentino para instaurar una dictadura que dejaría el saldo de 30.000 detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos entre los que se encontraban obreros, estudiantes secundarios, universitarios, periodistas, abogados, científicos, docentes, trabajadores estatales, militantes políticos, amas de casas, actores, etc.
Mediante la aniquilación de la resistencia popular y con la imposición del terrorismo de Estado los militares establecieron un nuevo esquema económico basado en el endeudamiento, la concentración de la riqueza, la extranjerización, la desigualdad, el desempleo, la precariedad, bajos salarios y sumisión al imperialismo que aumentaría en forma astronómica las ganancias del empresariado, y cuyas consecuencias padecemos hoy día.
Hoy: Limitaciones en la lucha contra la impunidad
En la actualidad, gracias a la presión popular de miles de militantes durante años se han logrado avances importantes en la lucha por la memoria, como fue la anulación de las leyes de la impunidad que derivaron en las condenas de reconocidos genocidas como Luciano Benjamín Menéndez, Christian Von Wernich, Cristino Nicolaides y la del tucumano Antonio Bussi; entre otros avances significativos, como el cierre de la ESMA, la investigación de los asesinatos cometidos por la AAA o el juicio contra el primer cuerpo del ejército.
Saludamos estos avances y los consideramos importantes pero insuficientes ya que no garantizan el juicio y castigo a todos los responsables militares y civiles del genocidio de la última dictadura, tampoco aseguran la depuración de cientos de policías, militares, funcionarios y jueces que actuaron durante la misma y hoy permanecen en sus funciones o caminando libremente entre nosotros, y fundamentalmente no garantizan la cárcel común, perpetua y efectiva de los condenados.
A su vez el secuestro de Julio López, en septiembre de 2006 y cuyo paradero aún se desconoce, ha dejado al descubierto cómo los grupos represivos que actuaron en la última dictadura siguen moviéndose impunemente enquistados en el aparato estatal.
Las limitaciones para depurar el aparato represivo y castigar a todos los responsables de la dictadura no son más que las limitaciones propias del Estado burgués que tiene como finalidad perpetuar la desigualdad, la represión y la impunidad en beneficio de los empresarios, terratenientes y banqueros.
Por eso, sólo vinculando la lucha por los Derechos Humanos a la lucha por la transformación de la sociedad, basada en un programa socialista, podremos terminar con el Estado de la burguesía, sus dictaduras y su impunidad.
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
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